Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, el estado de Guanajuato acumuló un total de mil 432 homicidios dolosos, de los cuales 83% fueron cometidos con arma de fuego. En el mismo período, la entidad acumuló 11 mil 872 delitos relacionados con el narcomenudeo.
Durante los últimos años, la inseguridad en Guanajuato ha sido atribuida principalmente a la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la conferencia matutina del 3 de septiembre en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, compartió un informe respecto al panorama de la violencia que azota al territorio gobernado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
“¿Por qué el estado de Guanajuato continúa con un alto índice de ocurrencia de homicidios, a pesar de los avances en materia económica?” fue la pregunta que dirigió el análisis en materia de seguridad.
Una de las razones identificadas por las autoridades federales fue la ausencia de rotación entre los funcionarios encargados de a procuración de justicia y la persecución del delito.
Según expuso Rodríguez Velázquez, durante las siete administraciones que a habido entre 1991 y 2024, “se impulsó la acumulación de capital en el corredor industrial, lo que acentuó el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, los servicios básicos de vivienda y la precarización de las condiciones laborales”.
A pesar de ser la quinta economía del país y el primer lugar en captación de remesas, la riqueza en Guanajuato se encuentra concentrada en pocos sectores, por lo que “no tiene impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, manifestó la secretaria.
Aunado a ello, lo que convierte a Guanajuato en un punto clave en la logística del transporte de hidrocarburos también dio origen a una violenta disputa entre grupos criminales.
Entre los años 2000 y 2018, células delictivas de Celaya y los Apaseos incrementaron sus actividades de robo de combustible sin impedimento alguno de las autoridades estatales y municipales.
El poliducto Salamanca-León y la refinería de Salamanca se convirtieron en ubicaciones estratégicas para la sustracción de hidrocarburos, que posteriormente controló a nivel estatal el CSRL bajo el mando de José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’.
En el año 2000, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un total de 13 tomas clandestinas en Guanajuato. Para 2010, la cifra subió a 21 y durante la década siguiente alcanzó máximos históricos: en 2016 se contabilizaron mil 309, en 2017 fueron mil 852 y en 2018 la estadística llegó a mil 919 puntos de extracción ilegal de combustible.
Se presume que el CJNG comenzó a interesarse en Guanajuato desde 2014 por ser un punto clave en las rutas de tráfico de narcóticos a Estados Unidos, por su colindancia con Jalisco y por la infraestructura de 12 poliductos de Pemex que lo atraviesan.
“En 2017 hay la incursión del cártel que lleva el nombre del estado vecino (Jalisco), que no tenía presencia en Guanajuato. De ahí comienza una virulencia, que era nada más local, ahí se convierte en virulencia más regional y nacional, donde empieza el incremento de la delincuencia organizada en los homicidios dolosos”, reconoció el secretario de Seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca.
La violencia alcanzó su punto más álgido en plena pandemia por Covid-19, ya que en el año 2020 se registraron cinco mil 370 homicidios dolosos. Ante esta situación, el gobierno federal optó por desplegar a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el año 2022. Aunque se logró una reducción en el número de estos delitos, la disputa de los cárteles por el control del huachicoleo, la extorsión y el narcomenudeo mantienen al estado en un constante ambiente de violencia.