La magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis se deslindó del comunicado emitido por esta autoridad electoral, el cual sirvió para presentar una denuncia penal en contra de un juez federal que ordenó a la Sala Superior la designación de los dos magistrados faltantes para calificar la elección presidencial.
Se trata del magistrado Rodrigo de la Peza, quien recibió un amparo indirecto contra la omisión de concluir el proceso de designación de dos magistrados electorales. A este procedimiento, concedió la suspensión provisional.
La respuesta del Tribunal Electoral fue feroz. En sesión convocada por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso se aprobó un acuerdo, el cual Janine Otálora dijo haber votado en contra, con el cual rechaza la competencia del juez.
Se señala que la integración del Pleno de este órgano jurisdiccional es de materia electoral, por lo que se rechaza la competencia del Juzgado; además, se calificó de injustificadas y excesivas las medidas ordenadas y se anunció una denuncia penal en su contra.
“El Tribunal Electoral acordó no dar trámite a este resolutivo y denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal”, indicó.
La Sala Superior, con presencia de las cinco magistraturas a cargo de Mónica Aralí Soto, Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, acusó al juez de pretender imponer leyes orgánicas y un reglamento por encima de la Constitución.
“En el artículo 99 de la Carta Magna se define a este Tribunal como la máxima autoridad judicial en materia electoral”, se lee en el comunicado que la Sala Superior emitió al anunciar la denuncia contra el juez Rodrigo de la Peza.
Al respecto, la magistrada Janine Otálora expuso en sus redes sociales que, desde su perspectiva, era necesario “utilizar los mecanismos del Poder Judicial para la revisión de las resoluciones y para asegurar la correcta impartición de justicia”.
Y es que, de acuerdo con la ley, el Tribunal Electoral debe estar conformado por seis magistraturas que lo conforman para tener la facultad de calificar la elección presidencial del pasado 2 de junio.
Este Tribunal se encuentra incompleto desde el 13 de octubre pasado, cuando los magistrados José Luis Vargas Valdez – otrora magistrado presidente – e Indalfer Infante terminaron su periodo en el cargo.
En aquel entonces la presidencia de este órgano electoral estaba a cargo de Reyes Rodríguez Mondragón, quien meses después fue destituido, y posteriormente relevado, por Mónica Aralí Soto Fregoso.