Aparte de dotar de mayores recursos al Sistema Estatal Anticorrupción, durante el 2022 se pretende aprobar reformas legales que terminen con el miedo a interponer denuncias por presuntos actos fuera de la Ley por parte de servidores públicos.
Según lo dio a conocer el diputado Luis Enrique Benítez, el temor a sufrir represalias y hostigamiento, es lo que inhibe que se denuncien los ilícitos cometidos presuntamente por parte de personas que se desempeñan en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
En tal contexto, el grupo parlamentario del PRI, dentro de la agenda legislativa institucional a desarrollar, promueve adiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de proteger de manera efectiva a los denunciantes de hechos relacionados con delitos tipificados como actos de corrupción.
Sin invadir atribuciones en otros preceptos como los Códigos local y federal de Procedimientos Penales, se busca que con tales enmiendas se fomente la cultura de la legalidad, “y crear un marco jurídico adecuado que contribuya a la protección segura de quienes denuncien los posibles ilícitos, y se genere confianza en el sistema de combate anticorrupción”, explicó el legislador.