El cerezo esta ya lleno/ El Cereso estalla ¿no?
Por: Aarón Quiñones
A propósito de los próximos indultos que están por darse en el Centro de Reinserción Social (Cereso), número Uno de esta capital, lo que significa la libertad de por lo menos treinta personas, hay que hablar de las condiciones de hacinamiento que se viven al interior de dicho que centro y que se replican en todos los existentes en el país.
A nivel nacional según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 67584 personas de 18 años y más se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales de todo el país, de estas el 4.7 por ciento son mujeres.
En 2021, 48.6 por ciento de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención, entre junio y julio de 2021, 25.9 por ciento de la población privada de la libertad se sintió insegura al interior del centro penitenciario, 17.2 por ciento de la población privada de la libertad ha experimentado al menos un acto de corrupción durante su estancia en el centro penitenciario, 34.1 por ciento de la población fue víctima de algún delito al interior del centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021.
Ahora hay que hablar del hacinamiento que el Centro de Durango tiene de prácticamente el cien por ciento, es decir de más del doble de su capacidad original y que ha sido atribuido primero al cierre del otro centro en Gómez Palacio del que hay que recordar era usado como cuartel del crimen organizado, y segundo a las sentencias cortas por narcomenudeo y robo.
El penal de Durango está sobrepasado en todas sus capacidades, por eso y en respuesta a ello desde la administración de Jorge Herrera Caldera se planeó uno nuevo que ya se construyó pero que hasta esta fecha sigue “encantado” y por que lo decimos así, por que en el lugar solo hay fantasmas de un presupuesto inexistente para su operación.
No hay dinero, ni habrá para operarlo, la tecnología es cara, las personas privadas de su libertad con todos sus derechos básicos incólumes para nada es barato, además que su capacidad también es limitada para albergar al numero de personas reclusas.
El estado no tiene el suficiente presupuesto para echar a andar ese proyecto y el Gobierno federal no esta interesado en hacer brillar a una administración opositora, muy apenas hubo el acuerdo para “ayudar” con recurso al hospital de Gómez Palacio, a menos que Movimiento de Regeneración gane la gobernatura en el estado no va haber forma de ponerlo a trabajar.
Hay que estar consientes sobre la administración de los recursos de todo el aparato penitenciario y de justicia estales, los impuestos no alcanzan para darles un trato digno a quienes han sido sentenciado por un cometer un delito, tiene que haber una “revolución” en la concepción de la reinserción social y tiene que haber otra forma en la que se dé justicia a la gente.
En un penal las personas no se rehabilitan, terminan siendo introducidos a situaciones peores, su estadía cuesta miles de millones de pesos al año y la reparación del daño pocas veces satisface a los afectados, ¿Entonces que hacer?, ahí está el dilema que el país enfrenta porque los Derechos Humanos están por encima de cualquier percepción de lo que podríamos decir es justicia. Lo único que nos queda es ver si somos capaces de encontrar esa formula que de verdaderas garantías de gobernabilidad.