- El secretario general de Gobierno, Héctor Vela, informó que también se avanzará en la regularización de las plataformas digitales de transporte que operan sin registro.
El Gobierno del Estado de Durango reforzó los operativos contra la prestación ilegal del servicio de transporte público, logrando el retiro de 104 unidades que operaban sin concesión o autorización, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.
El funcionario explicó que esta estrategia forma parte de los acuerdos establecidos en las Mesas para la Construcción de Paz y Seguridad, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los usuarios y hacer cumplir la Ley de Transportes del Estado.
Vela Valenzuela destacó que, además de proteger a la ciudadanía, los operativos buscan garantizar condiciones de competencia equitativas para los concesionarios y operadores que cumplen con la normatividad vigente, realizan el pago de derechos, mantienen sus unidades aseguradas y cubren las obligaciones establecidas por la ley.
Durante las inspecciones, la Subsecretaría de Movilidad y Transportes detectó que varias unidades suspendían sus recorridos o eran ocultadas cuando sus propietarios tenían conocimiento de los operativos, lo que, señaló, evidencia intentos por evadir la acción de la autoridad.
El secretario recordó que en Durango operar un vehículo de transporte público sin concesión constituye una violación a la Ley de Transportes del Estado, por lo que las unidades son retiradas de circulación y sus propietarios se hacen acreedores a las sanciones correspondientes.
Asimismo, anunció que el Gobierno del Estado iniciará acciones para regularizar las plataformas digitales de transporte que actualmente operan sin registro ante la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, con el propósito de que todas las modalidades del servicio funcionen bajo el mismo marco legal.
Finalmente, Héctor Vela aseguró que los operativos continuarán de manera permanente y reiteró que la administración estatal mantendrá una política de cero tolerancia contra quienes presten el servicio de transporte público al margen de la ley.
