Lo que durante años operó en las sombras como una gigantesca maquinaria de contrabando quedó al descubierto. La Fiscalía General de la República anunció el desmantelamiento de la que calificó como la red de contrabando de hidrocarburos más grande detectada en el país, una estructura que presuntamente introducía combustible desde refinerías de Texas hacia México mediante declaraciones falsas en las aduanas, reportando apenas el 10 por ciento del volumen real transportado para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la investigación, el combustible ingresaba principalmente por Tamaulipas y era distribuido en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, utilizando una compleja red de empresas, operadores logísticos, vías férreas, cuentas bancarias nacionales e internacionales y presuntos servidores públicos.
La indagatoria, encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, permitió reconstruir una operación que involucró el análisis de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa. Según las autoridades, la organización utilizó 162 carros-tanque de ferrocarril, declarando aproximadamente 10 mil litros por unidad cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros, para posteriormente descargar el combustible en espuelas ferroviarias y distribuirlo mediante pipas y tractocamiones de al menos siete empresas, todo ello sin contar con las autorizaciones correspondientes del sector energético.
Las investigaciones también revelaron una sofisticada estructura financiera que habría movido más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, además de realizar operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, utilizando las llamadas “cuentas puente” para ocultar el origen y destino del dinero. La FGR estima que únicamente por los cargamentos analizados dejaron de declararse más de 15.2 millones de litros de combustible, provocando un daño superior a 106 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA, cifra que, tras ampliar la investigación entre enero y julio de 2025, podría superar los 4 mil millones de pesos en afectaciones a la Hacienda Pública.
Como parte del operativo nacional fueron liberadas 25 órdenes de aprehensión, entre ellas contra Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, señalado como fundador de una empresa presuntamente utilizada para iniciar la operación logística de la red. Al cierre del anuncio oficial, cinco personas habían sido detenidas y las acciones continuaban de manera simultánea en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, mientras la FGR aseguró que las investigaciones seguirán hasta desarticular por completo la estructura, reiterando que, donde exista impunidad, habrá investigación, y donde haya crimen, habrá consecuencias.
