- Señalan que operativos buscan criminalizar el trabajo sexual y evidencian falta de políticas públicas incluyentes
Durango, Dgo.— La persecución de una trabajadora sexual por parte de inspectores municipales en Durango fue señalada como un acto de acoso y discriminación, al considerar que estas acciones criminalizan el ejercicio del trabajo sexual en lugar de regularlo con enfoque de derechos humanos.
Así lo afirmó Tadeo Campagne, quien explicó que este tipo de operativos no responden a una regulación efectiva, sino a prácticas que vulneran a quienes ejercen esta actividad, particularmente a personas de la comunidad LGBT.
El activista subrayó que el problema de fondo radica en la falta de políticas públicas que generen confianza y acceso a servicios de salud, ya que muchos trabajadores sexuales no cuentan con registro debido a los costos y condiciones de vida, pues en muchos casos viven en situación de vulnerabilidad.
Además, advirtió que no existe un padrón real de quienes ejercen esta actividad, ya que una parte importante corresponde a personas que llegan de otros estados para trabajar de forma temporal o mediante plataformas digitales, lo que complica su regulación.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a replantear sus estrategias, priorizando la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la creación de mecanismos accesibles que permitan una regulación efectiva sin caer en actos de discriminación.
