El senado dio un paso clave para eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios públicos en México. La iniciativa busca poner fin a jubilaciones millonarias pagadas con recursos públicos y establecer un límite para este tipo de beneficios.
De acuerdo con la propuesta, las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no podrán superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales como máximo. Actualmente existen casos en los que jubilados del sector público reciben entre 100 mil pesos y hasta más de un millón de pesos al mes.
La reforma busca aplicarse principalmente a exfuncionarios de organismos públicos y empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras entidades gubernamentales, donde se han detectado pensiones muy por encima del promedio nacional.
Además, el gobierno estima que con esta medida se podrían ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos al año, recursos que serían destinados a financiar programas sociales y otras políticas públicas. La iniciativa forma parte de una estrategia para reducir privilegios dentro del servicio público y reforzar la política de austeridad
