17 de Febrero 2026 – Por Katya Aquino Salinas
Un litigio que dormía desde hace más de una década ha despertado de nuevo en tribunales internacionales. El consorcio formado por la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) y la mexicana Construcciones Industriales Tapia (Citapia) presentó una demanda contra Petróleos Mexicanos (Pemex) en una Corte federal de Nueva York, en la que exige el pago de 272 millones de pesos, más intereses y costas legales, a raíz de un contrato que data de hace 13 años, cuando la estatal petrolera incumplió sus obligaciones con el consorcio.
Un pleito largo que renace fuera de México
La controversia judicial tiene su origen en un contrato celebrado durante la gestión del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, en el que se acordó la realización de obras que, según los demandantes, no fueron pagadas conforme a lo pactado. A pesar de que el conflicto se remonta a 2013, fue hasta ahora que OHL y Citapia acudieron al sistema jurídico estadounidense para intentar recuperar los recursos que aseguran les corresponden.
Este tipo de reclamos internacionales suele impulsarse cuando las partes consideran que los mecanismos de resolución locales son insuficientes o poco efectivos, o cuando se emitieron laudos arbitrales que no fueron satisfechos en tiempo y forma por la entidad demandada.
¿Qué está en juego?
La demanda cuestiona el incumplimiento contractual por parte de Pemex, empresa que ha enfrentado retos financieros estructurales en los últimos años, incluidas pérdidas por decenas de miles de millones de pesos y una carga de deuda muy por encima de otros actores petroleros globales.
Aunque la cifra demandada —272 millones de pesos— puede parecer moderada frente a la magnitud del presupuesto y la deuda de la petrolera, representa un foco de tensión legal y reputacional para una empresa pública que ha recibido amplios apoyos del Gobierno mexicano para mantenerse operativa y solvente.
¿Por qué ahora? Contexto político y económico
El resurgimiento de este caso ocurre en un momento en que Pemex trabaja en estabilizar sus finanzas, con emisiones de deuda récord y un diálogo constante con sus contratistas y acreedores para normalizar pagos pendientes.
Para expertos en derecho internacional y contratos públicos, el uso de tribunales extranjeros puede ser una estrategia para aplicar laudos arbitrales internacionales, más aún cuando los litigios en México han enfrentado demoras o impugnaciones prolongadas.
Repercusiones internas y futuro del litigio
Aunque falta ver cómo responderá Pemex ante esta demanda, el caso podría tener impactos en el trato con proveedores, la percepción de confianza internacional y el manejo de contratos futuros.
Asimismo, este episodio pone en relieve la importancia de la claridad legal y la gestión contractual en empresas públicas, sobre todo cuando sus obligaciones internacionales están en juego y cuando los retrasos en pagos pueden derivar en litigios costosos fuera del país.