Puebla, México. El exfuncionario priista Javier López Zavala fue declarado culpable del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla.
La resolución judicial determinó que López Zavala fue autor intelectual del crimen, al haber ordenado y financiado el ataque armado que terminó con la vida de la defensora de los derechos de las mujeres.
La sentencia definitiva se dictará en los próximos días y se realizará de manera conjunta para López Zavala y los dos autores materiales que ejecutaron el asesinato.
Un crimen planeado
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el asesinato fue un ataque directo y premeditado: Cecilia Monzón fue interceptada mientras conducía su vehículo y recibió múltiples disparos de arma de fuego.
Las autoridades acreditaron la participación del exfuncionario a través de:
- Registros de llamadas entre los implicados
- Transferencias de dinero vinculadas al pago del crimen
- Vigilancia previa de la víctima
- Testimonios y peritajes técnicos
Con estas pruebas, el tribunal concluyó que, aunque López Zavala no disparó el arma, sí dio la orden, lo que lo hace penalmente responsable.
Un caso emblemático contra la violencia de género
Cecilia Monzón era abogada, activista feminista y defensora de mujeres víctimas de violencia. Antes de su asesinato, había denunciado violencia familiar, económica y acoso legal por parte de su expareja, López Zavala, con quien mantenía un litigio por pensión alimenticia y custodia.
Su caso se convirtió en uno de los más visibles en la lucha contra el feminicidio y la impunidad en México.
Un mensaje contra la impunidad
La declaración de culpabilidad representa un precedente importante: por primera vez en Puebla, un político de alto perfil es declarado culpable como autor intelectual de un feminicidio.
Organizaciones civiles y colectivos feministas señalaron que el fallo envía un mensaje claro: la posición política, el dinero o la influencia no están por encima de la ley.
La sentencia que se dictará podría superar los 50 años de prisión, debido a la gravedad del delito y sus agravantes.
