La justicia de España aprobó la extradición a México del sacerdote Ramón L.E., quien está señalado por agresiones sexuales contra tres niñas en un albergue del estado de Jalisco, donde laboraba como misionero y confesaba a menores.
Las víctimas, dos de ellas hermanas, denunciaron que el religioso las sometía a tocamientos durante confesiones privadas en una sala del albergue durante la primavera de 2022, cuando tenían entre 10 y 13 años. Una de las niñas señaló que los abusos habrían comenzado cuando tenía apenas 9 años.
Lo que dictaminó la justicia
- El trámite fue aprobado por la Audiencia Nacional de España en un auto emitido en octubre de 2025, tras la solicitud formal del gobierno mexicano.
- Aunque el sacerdote negó los cargos y su defensa argumentó que se encontraba en España durante las fechas señaladas, el tribunal determinó que procede su entrega a México. En extradiciones, aclararon, no corresponde a la justicia española valorar la veracidad de las acusaciones, sino determinar si los delitos son extraditables.
- Ramón L.E., de 58 años, fue detenido el 28 de marzo de 2025 en Zaragoza luego de una ficha internacional emitida por la Interpol, aunque quedó en libertad provisional con medidas cautelares mientras se resolvía la extradición.
Las denuncias y el contexto del delito
Según las declaraciones de las menores:
- Los abusos se cometieron aprovechando su autoridad religiosa y la confianza institucional.
- Las agresiones habrían ocurrido durante sesiones de confesión —en una sala privada del albergue— un espacio que debió ser de protección
- Las niñas habrían tardado en denunciar por temor: una fue acusada de mentirosa por una religiosa cuando intentó revelar los hechos.
¿Qué sigue en México?
Con la extradición aprobada, el sacerdote será trasladado a Jalisco para enfrentar cargos por abuso sexual infantil y corrupción de menores agravada. El proceso penal deberá considerar los testimonios de las víctimas, las posibles pruebas periciales y garantizar su protección física y psicológica.
Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han celebrado la decisión, confiando en que el extraditado sea juzgado conforme a la ley. Asimismo, han pedido que se respeten los protocolos de protección a menores durante el proceso, evitando revictimizaciones.
Este caso no sólo pone a prueba la cooperación internacional contra delitos de abuso infantil, sino también la capacidad de las instituciones mexicanas de ofrecer justicia y protección a quienes fueron víctimas dentro de espacios de “confianza” e “institucionalidad”
