La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, con la que buscaba responsabilizarlos por el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia de los cárteles en la frontera común. La decisión, tomada por unanimidad y redactada por la jueza Elena Kagan, concluyó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) protege a las empresas demandadas al no demostrarse una participación directa en la venta ilegal de armamento a traficantes mexicanos.
En su opinión, Kagan explicó que la demanda mexicana no plantea de forma plausible que los fabricantes hayan “ayudado e instigado” las ventas ilegales, y recordó que la excepción legal que permite presentar este tipo de casos exige una alegación concreta de complicidad. Aunque reconoció que los fabricantes probablemente saben que algunas de sus armas terminan en manos criminales, la Corte consideró que no se cumplían los requisitos para que el caso siguiera adelante. Con ello, las empresas mantienen su inmunidad legal en el marco de la PLCAA.
El Gobierno de México expresó su «firme rechazo» a la decisión y aseguró que agotará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico de armas. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que el país continuará su lucha por responsabilizar a los fabricantes que, a su juicio, contribuyen a la violencia al permitir que sus productos lleguen a manos del crimen organizado. La demanda, interpuesta en 2021, representó un esfuerzo por redirigir el foco hacia las armas como uno de los factores clave en la inseguridad fronteriza.
