Como parte de las nuevas investigaciones del caso Iguala, autoridades federales aprehendieron en el municipio Tlatlaya, estado de México a Alejandro Palacios Benítez, El Cholo Palacios, quien era jefe de plaza de Guerreros Unidos en los municipios de Taxco, Huitzuco de los Figueroa y Tepecoacuilco, Guerrero y quien ha sido señalado por otros integrantes de esa organización como uno de los responsables directos en lo sucedido en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Al respecto, Alejandro Encinas, ex titular de la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa (Covaj), escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “la detención del El Cholo Palacios, presunto involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es un hecho muy importante que puede permitir esclarecer la relación de complicidades de las autoridades de todos los niveles de gobierno con los grupos delictivos y brindar información sobre el paradero de los estudiantes”.
Alejandro Palacios Benítez fue detenido por primera vez en junio de 2015 en un hospital que se ubica en la colonia Roma, en la Ciudad de México, cuando pretendía realizarse una cirugía plástica para no ser identificado, pero no fue acusado en ese entonces por el caso Iguala, sino por delincuencia organizada en la causa penal 51/2015 y logró que un juez con sede en Iguala, Guerrero, le concediera su libertad meses después, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta ocasión fue detenido con base en la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 5/2020 del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal del estado de México, y que en la actualidad se le colocó el número 24/2024, y la acusación en su contra se inició a raíz de las indagatorias realizadas por la Covaj al mando de Alejandro Encinas y el entonces titular de la la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), Omar Gómez Trejo.
Al Cholo Palacios se le acusa con base en la transcripción de una llamada que él hizo y cuyo contenido quedó registrado en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que no se había hecho público sino hasta 2020 cuando se revelaron documentos que habían permanecido resguardados por la institución castrense.