Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez “El Altiplano”, Gregorio Salazar, ordenó cambiar la medida cautelar y la libertad de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.
En la audiencia que duró poco más de siete horas, el Juez resolvió aplicar el cambio de medida cautelar argumentando que la autoridad ministerial “no acreditó” las causas que motivaron la prisión preventiva oficiosa, porque no refirió los hechos materia de extradición, no señaló investigación contra el extraditable en México y consideró que no existe riesgo de evasión a la justicia.
Por tanto se le impuso a José Alfredo “El Contador”, que se presenten cada semana ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas; el pago de la garantía económica por cinco millones de pesos, cantidad que tendrán que presentar en un plazo de cinco días hábiles; prohibir la salida del país sin autorización judicial; entregar de pasaporte vigente o vencido y visas; vigilancia de las autoridad supervisora y la portación de un brazalete electrónico.
“El Contador” fue detenido el 26 de febrero de 2022, en un operación en conjunto con elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Las autoridades lo señalaron como el presunto líder regional de una facción del Cártel del Golfo que opera en Tamaulipas.
La vertiente del Cártel es señalada por el trasiego de drogas y armas que están presuntamente vinculados a diferente hechos de violencia, como el asesinato de 15 personas ocurrido en Reynosa en junio de 2023.
El juez Gregorio Salazar ha sido cuestionado por otras de sus resoluciones; en enero de 2023, el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, lo acusó de desestimar acusaciones de policías y ordenó la libertad de Mario Alberto “N”, otro sobrino de Cárdenas Guillén. Además se expuso que el juzgador determinó el sobreseimiento, que consiste en no entra a conocer el fondo del asunto, del caso de cinco científicos acusados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.