Las incógnitas volvieron a cubrir el destino de siete órganos autónomos que aguardan su posible desaparición. El dictamen de la iniciativa que envió ex professo el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero se tenía listado para ser discutido en la sesión de la Cámara de Diputados de ayer 13 de noviembre, pero fue pospuesto para la próxima semana.
La postergación del debate se debió a que se prevé “una discusión muy larga”, según expresó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados.
Sus palabras significaron una semana más de vida para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero, además, el diputado morenista dejó ver que la sentencia de la desaparición aún puede tener algunos cambios.
“No puedo adelantar nada, pero es probable que haya modificaciones (…) en la de la prisión preventiva oficiosa y en el de órganos autónomos es probable que haya modificaciones”.
Hasta ahora, estas instituciones integran un universo paralelo a la administración pública federal con el encargo legal de generar equilibrio en el ejercicio del poder. Su gestación se inició en los noventa del siglo pasado con el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego, surgieron otros. Algunos desaparecieron en gobiernos pasados. Hoy, siete se enfrentan a esa posibilidad.
La historia de su desaparición se inició desde que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de la República, en diciembre de 2018. En varias “mañaneras”, los órganos autónomos en su conjunto fueron parte de la temática del primer mandatario emanado de una fuerza política de izquierda. Los consideró “onerosos”, “facciosos” y “antipopulares”. Después, en su iniciativa, incluyó a los siete que ahora están por escribir su epílogo.
Los egresos sumados de los siete órganos autónomos por desaparecer por contrataciones públicas en 2024 es de mil 197 millones 923 mil pesos, de acuerdo con una localización de contratos en CompraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de Reporte Índigo.
La cantidad es apenas el 12.6 por ciento que la Auditoría Superior de la Federación detectó en los ejercicios de 2019 y 2020 en Seguridad Alimentaria Mexicana, la dependencia que en esos años inició funciones con la fusión de Liconsa y Diconsa. Hubo compras públicas falsas o con precios ficticios. El acto de corrupción fue reconocido por el expresidente López Obrador. Dijo que fue “una mancha” en su gobierno.
Si lo que se eroga en proveedores es un espejo de cómo funciona un organismo, en este 2024, cuando la foto final está por tomarse, los órganos autónomos no firmaron contratos mayores de 259 millones de pesos. Los montos mayores, entre los siete, fueron para licenciamientos de herramientas cibernéticas, mantenimiento de edificios, seguridad, y publicaciones editoriales.
De los institutos por desaparecer, el que más gastó en lo que va de 2024 fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones con 997 millones 578 mil 182 pesos. El que menos lo hizo fue el INAI con 4 millones 980 mil 631 pesos.