A más de 13 años del hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, familias centroamericanas aún sospechan que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) les entregó los cuerpos de personas que no eran los de sus seres queridos, por lo que en marzo —de este año— lograron la exhumación de cinco de ellos, y están a la espera de los resultados.

“Cinco familiares de esta masacre, ocurrida en 2010, recibieron los féretros de sus familiares sellados, con prohibición de abrirlos”, explicó la abogada Rosmery Jax, coordinadora de la Fundación para la Justicia en Guatemala.

Las familias solicitaron la exhumación desde 2017, pero apenas se concretó, con una afrenta adicional.

“Es a las familias a quien han dejado que corran con los gastos funerarios. Están pidiendo a las familias que sean quienes paguen los féretros”, explicó la abogada.

Los temores son fundados. La comisión forense, conformada por peritos de la otrora PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), detectó que no se presentaron las garantías necesarias para la identificación de los cuerpos y recomendó la exhumación.

Al menos hay un caso confirmado en el que, una familia guatemalteca veló, enterró y lloró al cuerpo que no era el de su familiar.

Se trata del caso del joven Jovanny, de 17 años de edad, asesinado junto a 195 migrantes de otras nacionalidades en 2011. En ese año, los Servicios Periciales de la PGR identificaron su cuerpo y supuestamente lo entregaron a su familia en marzo de 2012; sin embargo, el EAAF detectó —en 2014— que repatriaron el cuerpo equivocado.

“Por los códigos que también se encontraban en los cuerpos, lograron verificar que el cuerpo de Jovanny nunca salió del Semefo de Ciudad de México”, explicó a MILENIO la abogada Rosmery Jax.

La notificación formal al gobierno de Guatemala se hizo en 2015, pero la familia lo supo hasta 2019. A la fecha, el cuerpo de Jovanny sigue en México.

Durante todo este tiempo, la familia de Jovanny no ha querido dar declaraciones públicas, por temor a ser señalados en su comunidad. La única idea que se tiene de lo que han vivido es una dramatización de la madre de Jovanny, a la que da vida la poeta kaqchiquel Negma Coy.

«Pasaron años, y luego vinieron otros licenciados, a decirme que no, que en esa caja no estaba mi Jovanny, que mi niño estaba solito, en una morgue. Por lo menos ya no estaba en un hoyo. Pero entonces, ¿a quién le lloré tanto en la tumba que llevaba su nombre?».

«Yo sigo manteniendo limpia la tumba del muchacho que me entregaron, diciendo que era mi Jovanny, pienso que si él tuviera una madre, a ella le gustaría saber que otra mamá lo estuvo cuidando. A mí me gustaría que así fuera con mi Jovanny, aunque sé que él está solito allá en México, hasta que los gobiernos de México y Guatemala se pongan de acuerdo».

La abogada Rosmery Jax lamentó la revictimización que ha sufrido la familia de Jovanny.

“La familia está desgastada, decepcionada y desconfiada completamente de las autoridades. Está muy molesta”, advirtió.

Desde 2011, cuando la titular de la PGR era Mariela Morales, el caso ha pasado por los procuradores Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, y el encargado de despacho Arturo Elías Beltrán, antes de que se creara la ahora Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero.

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