Varios funcionarios más están señalados, entre ellos el ex Consejero del Poder Ejecutivo Julio Scherer
Con base en una denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura Federal inició un expediente de investigación J/108/2024 a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, en contra de ex colaboradores del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, Carlos Antonio Aplazar Salazar ex Secretario General de la Presidencia del CJF.
Así también, contra la ex contralora del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arely Gómez González, actual auditora especial de la auditoría Superior de la Federación (ASF), jueces y magistrados en activo, así como otros funcionarios del PJF, y el abogado Julio Scherer Ibarra, ex Consejero del Poder Ejecutivo Federal.
En el caso de Arturo Zaldívar, el CJF puntualiza que por ser ex ministro de la SCJN la Judicatura “carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados; por tanto, para los efectos que establecen los artículos 11, fracción XI, y 113, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen que ese Alto Tribunal resolverá sobre las faltas administrativas”, cometidas por él.
De acuerdo con el oficio de “formación” del expediente se investigarán actos que vulneraron “la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
El documento de inicio de la investigación señala que Zaldívar “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Para ello se menciona que en los casos específicos en los que existió presión de la Presidencia del CJF, que también ostentó Arturo Zaldívar y que se cometieron entre 2019 y 2022, se encuentran Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el proceso penal del Caso Emilio Lozoya Austin; el fraude cometido al Infonavit por cinco mil millones de pesos; la creación de juzgados y tribunales “a modo” para resolver casos relacionados con telecomunicaciones.