Hace casi cuatro años, el gobierno de Donald Trump trabajó junto con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) para hacer flexibles las regulaciones sobre la exportación de armas y con ello inundar el hemisferio occidental con armas hechas en Estados Unidos, afirmó el diputado Castro.El Congreso necesita abordar el papel de las exportaciones de armas estadunidenses en impulsar la violencia e inestabilidad en el extranjero.
La Oficina de Contabilidad General, agencia de investigaciones para el Congreso, encontró que secretarías y agencias federales carecen de información y análisis de las redes de tráfico de armas de fuego en México y Centroamérica, que pocos esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en el región se enfocan al tráfico de armas de fuego y que, como resultado, tales entes no tienen un entendimiento detallado del tráfico de armas de fuego que nutre la violencia y fortalece a criminales en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Al proponer el proyecto de ley, Castro explicó en un documento que, durante el gobierno de Trump, la autoridad para aprobar envíos de armas pequeñas de Estados Unidos a América Latina fue trasladada del Departamento de Estado al de Comercio con su enfoque en promover negocios y así, ofreció un regalo a los cabilderos de armas, pues disminuyeron los requisitos de registro, hubo menos supervisión y más exenciones. Desde que esa responsabilidad fue cedida a Comercio se dispararon 30 por ciento las exportaciones de armas.
El proyecto, llamado ley de monitoreo de ventas de armas a la región de las Américas (Armas, por sus siglas en inglés), requeriría que el Departamento de Estado aprobara o negara licencias para exportar armas pequeñas, que se establezca un sistema entre agencias para rastrear artefactos de fuego y frenar su tráfico, otorgaría al Congreso la capacidad de rechazar ciertas ventas de arsenales y requeriría un constante monitoreo e informes sobre estas actividades.