Un lustro de quejas y 582 días consecutivos con las playas de Imperial Beach (condado de San Diego) cerradas por altos niveles de contaminación fecal obligaron a los gobiernos de México y Estados Unidos a acordar cómo procesar los 25 millones de galones diarios (94.5 millones de litros) de aguas negras que Tijuana vierte al mar. Pero eso no ocurrirá antes de 2026; mientras, ambientalistas y políticos de California presionan a su gobierno.
El pasado 14 de septiembre, los 18 alcaldes del condado de San Diego enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom, en la cual le piden que declare estado de emergencia
por la catástrofe continua
que significa recibir las aguas negras del río Tijuana y los años que lleva ese problema.
Los desechos de Tijuana no sólo enturbian el frío Pacífico, el cual comparten ambos países, sino también las relaciones entre vecinos. En febrero de 2017 la ciudad tuvo lluvias atípicas que colapsaron uno de los colectores.
Un río de agua sucia se coló y obligó a las autoridades de San Diego a decretar que las playas no eran aptas para el surf, un deporte con muchos aficionados del otro lado de la frontera.
El daño no fue informado a tiempo a las autoridades estadunidenses por medio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), y esto hizo que el entonces alcalde de Imperial Beach, el conocido ambientalista y surfista Serge Dedina, denunciara públicamente al entonces gobernador panista Francisco Vega (2013-2019) por negligencia.