A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Fernando Rocha Amaro presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, para incorporar una agravante al delito de amenazas e incrementar las penas cuando se ejecute en contra de una víctima o contra algún testigo dentro de un procedimiento penal.

“La distorsión que se llega a propiciar en un procedimiento por las posibles amenazas a víctimas o testigos, desvirtúa por completo la labor de impartición de justicia que debe ser ejecutada por parte del estado”, señaló al realizar la ampliación de motivos de la propuesta legislativa que se turnó a la Comisión de Justicia para que sea analizada por los legisladores.

En este sentido, Rocha Amaro explicó que las penas aumentarán en una mitad cuando la amenaza sea dirigida en contra de una víctima, ofendido o testigo dentro de un procedimiento penal.

“El valor probatorio que pueda tener todo testimonio, es nulo si no se realiza de manera libre y espontánea. Poco y nada aportan al esclarecimiento de la verdad un testimonio coartado por las amenazas que se lleguen a ejercer sobre los testigos o sobre la misma víctima”, indicó el representante popular.

Al respecto, destacó que los delitos solo pueden ser sancionados de manera efectiva, si las pruebas aportadas por las partes y testigos, se desahogan con la libertad y legalidad debida.

De esta manera, cuando una persona que participa como testigo dentro del trámite para el esclarecimiento de posibles actos delictivos, resulta amedrentada puede, por la presión que sobre su persona se llega a ejercer, participar de manera deficiente en contra o a favor de alguna de las partes dentro del procedimiento respectivo, a consecuencia de la coacción que se ejerce sobre la misma.

Agregó que, el informe sobre “Situación de los Derechos Humanos en México”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que el país requiere adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos, defensores y defensoras que participen en la investigación o búsqueda de justicia cuando estén en riesgo; por ello impulsa las reformas al Código Penal del Estado.

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