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Estados Unidos considera que la política energética de México perjudica a sus empresas en múltiples sectores y desincentivan la inversión.
Presentó Estados Unidos una queja formal bajo el T-MEC por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que perjudica a sus empresas.
Washington solicitó consultas para resolver disputas, un primer paso en un proceso que podría conducir a represalias, al estimar que México beneficia a la CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en detrimento de las empresas estadunidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, según la oficina de la representante comercial estadounidense.
El conflicto con Estados Unidos se lleva gestando 18 meses durante los cuales los funcionarios estadounidenses han reiterado que los cambios en las políticas energéticas de su vecino violan los compromisos asumidos por México al firmar el acuerdo comercial.
El gobierno federal externó su voluntad de «alcanzar solución mutuamente satisfactoria» durante la etapa de consultas tras recibir la queja formal.
El gobierno mexicano libra una batalla por restaurar el control estatal sobre la generación de energía. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos y Canadá (sus socios en el T-MEC) y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, señala que los cambios de política afectan a los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y fiable.
Los inversores y los ecologistas extranjeros acusan a López Obrador de favorecer los combustibles fósiles sobre las energías renovables. Según Tai este trato arbitrario pone en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones estadunidenses en México, especialmente en energía renovable.
La queja de este miércoles es la primera formal contra México bajo el T-MEC, el acuerdo que reemplazó el 1 de julio de 2020 al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) vigente que rigió desde 1994.
México dispone ahora de 30 días para iniciar consultas y si en un plazo de 75 días no llegan a un acuerdo, Estados Unidos podría solicitar la creación de un panel para que se pronuncie sobre el diferendo.