El proyecto fue una iniciativa de Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay y se aprobó con 20 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, según el informe del Consejo, difundido en su cuenta de Twitter.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea votaron en contra, mientras que Argentina y México apoyaron la creación del mecanismo.
Nicaragua vivió en 2018 jornadas de protestas que se extendieron por varios meses con enfrentamientos entre opositores, simpatizantes del presidente Daniel Ortega y policías, que dejaron uno 300 muertos y más de 27 mil millones de dólares en pérdidas.
El mecanismo tiene el mandato de «recolectar, preservar y analizar información y evidencias» sobre posibles violaciones de derechos humanos, e identificar a los responsables.