“Lo que debería decretar el presidente como asunto de interés público y seguridad nacional, es el abasto de medicinas”, propone el diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda, al señalar que al no licitar las obras y proyectos que ejecute el “Gobierno de México”, se transgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y corrupción.
En la tribuna del Congreso local, ante el pleno de legisladores, Benítez consideró que la transparencia y rendición de cuentas son esenciales en un sistema democrático auténtico, “lo que está buscando el presidente es hacer todas las obras sin licitar, reservar la información, que nadie la conozca y solo él saber y hacer lo que se va a ejecutar con los recursos de todo el pueblo de México”.
El parlamentario priista utilizó el texto de un manifiesto público de organismos de la sociedad civil, que calificaron de inconstitucional el acuerdo presidencial que clasifica las obras y proyectos de interés público y seguridad nacional. “Generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos de obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de derechos humanos, pero también transgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y la corrupción.”
Para dar contundencia a su rechazo al llamado “decretazo”, el parlamentario dio lectura a la condena pública de las organizaciones no gubernamentales, “Es inconstitucional que mediante una norma administrativa se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abre la posibilidad de reservar información con relación a dichos proyectos”.