El Presidente dijo que con el sistema se cometió un delito, pero lo que debería preocupar más es el recurso público que se gastó para su operación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los contratos que se encuentren en las dependencias del gobierno federal relacionados con el sistema de espionaje Pegasus serán enviados a la Fiscalía General de la República (FGR) para su indagatoria.
«Toda esta información va a la Fiscalía General de la República que ayer nos solicitó que se enviara información de todas las dependencias del gobierno sobre este asunto, en respuesta se va a entregar esta información, contratos que se encuentran en los archivos de la secretaría del Ejecutivo federal», destacó en conferencia de prensa.
Ana García Vilchis, encargada de la sección de «Quién es quién» en las fake news, comentó que 80 periodistas de 17 países documentaron que, entre 2016 y 2017, fueron espiados más de 50 mil teléfonos en el mundo.
En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron intervenidos 15 mil celulares, entre los que se encuentran 180 periodistas y 600 políticos, incluyendo a 50 personas del circulo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, como su esposa y sus hijos.
«Sólo un gobierno autoritario puede vigilar a los ciudadanos, el gobierno respeta la libertad de expresión y no espía persigue o reprime a periodistas u opositores, contribuiremos con las autoridades que lleven a cabo las investigaciones correspondientes», comentó.
El 18 de julio se dio a conocer una investigación de diversos medios que reveló una lista de celulares de todo el mundo que podrían haber sido objetivo del software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO.
Entre los usuarios de esos 50 mil números de teléfono hay activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo. Del total, 15 mil son números de México, según informes difundidos.
Ayer, el Presidente aseguró que en su gobierno ya no se espía a nadie, ni periodistas ni a opositores y aclaró que no va a presentar ninguna denuncia de cuando él, su familia y colaboradores fueron víctimas de estas prácticas.
Prometió que se hará un análisis al interior del gobierno para revisar si sigue vigente algún contrato con NSO Group, encargada de operar el software de espionaje.