Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), le respondió este lunes 15 de marzo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que de existir elementos, se abrirá una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

El ministro presidente de la SCJN afirmó en una misiva, que la petición del titular del Poder Ejecutivo Federal para que se investigue al titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, será remitida al CJF.

El ministro presidente de la SCJN indicó que la tarea del Consejo es “vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad”.

“Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”, señaló el ministro.

“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen”.

López Obrador envió este lunes 15 de marzo, una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Ello debido que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió una suspensión provisional a la aplicación de la reforma a la industria eléctrica -promovidas por el mandatario nacional y avaladas en el Congreso de la Unión-, al considerar que puede dañar la libre concurrencia en el sector.

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