Desde agosto de 2019, la exsecretaria de Desarrollo Social está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, enfrentando procesos penales por incumplimiento de responsabilidades como funcionaria pública y delincuencia organizada.
Por 15 meses, Robles Berlanga ha sostenido que es ”inocente” y que está encarcelada como “perseguida política” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de negarse en reiteradas ocasiones a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, este lunes su estrategia de defensa parece haber dado un giro de 180 grados, pues habría solicitado a la Fiscalía acogerse al “criterio de oportunidad”, el cual le otorgaría llevar su proceso en libertad e incluso reducir su condena de ser hallada culpable, a cambio de colaborar en el esclarecimiento del caso “La Estafa Maestra”.
Según medios nacionales, los abogados de Robles Berlanga confirmaron que su clienta está dispuesta a testificar al fin, pues aseguraron que está “desesperada y enferma” dentro del penal.
Aunque hace unas semanas Robles Berlanga volvió a rechazar la oferta de la FGR, e incluso acusó que la presionan con nuevas acusaciones si no colabora en el caso, la actitud de la exfuncionaria cambió radicalmente luego de que Emilio Zebadúa González, su mano derecha en Sedesol y Sedatu, testificó en su contra.
Trascendió que Zebadúa González, exoficial Mayor de ambas dependencias, dijo a la FGR que su exjefa, por órdenes de Peña Nieto y Videgaray Caso, operó desvíos millonarios de recursos públicos a campañas del PRI.
De acuerdo con la investigación periodística La Estafa Maestra, que dio nombre al caso, durante el gobierno de Peña Nieto al menos 11 dependencias de gobierno y ocho universidades estuvieron involucradas en el desvío de 7 mil 760 millones de pesos del erario.
El esquema consistió en que las dependencias, entre ellas Sedesol y Sedatu, firmaron convenios para prestación de servicios con las universidades, pero estas a su vez simularon la contratación de empresas fantasmas con el dinero recibido para los servicios, de los cuáles no hay prueba de que se hayan prestado.